Algunos empleadores han requerido que sus empleados se vacunen o se sometan regularmente a pruebas para detectar el COVID-19. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. ha dicho que las leyes no impiden que los empleadores tengan políticas de vacunación contra el COVID-19 obligatorias para los empleados que ingresen físicamente al lugar de trabajo, siempre y cuando los empleadores cumplan con las leyes federales que establecen que se deben hacer adaptaciones razonables para los trabajadores que no pueden ser vacunados por alguna discapacidad o por razones religiosas.
El presidente Joe Biden también firmó órdenes ejecutivas en septiembre de 2021 para exigir que los empleados federales y los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal estén vacunados.
Pero la Corte Suprema bloqueó una iniciativa mayor de la administración de Biden para exigir a todas las empresas con más de 100 empleados a exigir que sus trabajadores tengan la vacuna completa o se realicen pruebas al menos una vez a la semana.
En enero de 2022, la alta corte suspendió la regla de la administración mientras una corte de apelaciones consideraba su legalidad. En el fallo, la Corte Suprema rechazó el intento de la administración de usar la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) para emitir una regla de emergencia exigiendo la vacunación o las pruebas. “Aunque el Congreso le ha dado el poder indiscutido a OSHA para regular los peligros ocupacionales”, dice la argumentación de la corte, “no le ha dado a esa agencia el poder de regular la salud pública de manera más amplia”.
Sin embargo, la Corte Suprema permitió el requisito de la administración de que los trabajadores de la salud en instalaciones que reciben fondos de Medicare y Medicaid estén completamente vacunados, con excepciones por motivos médicos o religiosos.
En esa argumentación, emitida el mismo día que el fallo de OSHA, la corte acordó que el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía la autoridad de emitir el requerimiento. En su fallo, la corte dijo que “los centros de atención médica que quieren participar en Medicare y Medicaid siempre han estado obligados a satisfacer una serie de condiciones que apuntan a una prestación segura y eficaz de atención médica” y que los requisitos de vacunación para otras enfermedades son comunes para los trabajadores de salud a nivel nacional.
Los estados y ciertos lugares de trabajo también pueden requerir que las personas estén vacunadas.
Como ha explicado Joanne Rosen, experta en asuntos legales y salud pública de Johns Hopkins University, el precedente legal para que los estados hagan obligatorias las vacunas se remonta a un caso de la Corte Suprema en 1905 relacionado con la vacuna contra la viruela. La corte tomó el lado del estado, argumentando que el requisito de vacunación era una regulación razonable para proteger la salud pública.
Los empleadores también pueden exigir a sus trabajadores que se vacunen, pero solo si la vacunación está razonablemente relacionada con el trabajo que realizan, como es el caso de quienes trabajan en la industria de la salud. En una orientación emitida en diceimbre de 2020, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. dio a entender que todos los empleadores pueden tener una política de vacunación obligatoria, incluso para COVID-19, siempre que los empleadores cumplan con las leyes federales que estipulan que se deben hacer ajustes razonables para los trabajadores que no pueden recibir la vacuna debido a una discapacidad o una razón religiosa . Es probable que el asunto se revise en los tribunales, como hemos explicado, porque las vacunas contra el COVID-19 aún no tienen la licencia completa.
El gobierno federal no puede emitir un mandato de vacunación, nos dijo Rosen, pero podría otorgar incentivos financieros para que los estados lo hagan.
“La Corte Suprema ha interpretado la Décima Enmienda para evitar que el gobierno federal ordene o requiera que funcionarios estatales cumplan con directivas federales”, según un informe de 2019 del Congressional Research Service. “En el contexto de la vacunación, este principio evita que el Congreso le requiera a los estados o localidades aprobar leyes de vacunación obligatoria, pero no impide que el Congreso utilice la autoridad que le confiere la cláusula de gasto para otorgar incentivos (en forma de subvenciones federales) a los estados para que promulguen leyes sobre la vacunación”.