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Compendio SciCheck
Luego del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, surgieron mensajes en medios sociales que insinúan infundadamente que tanto él como otros líderes mundiales fueron asesinados o murieron por oponerse a las vacunas contra el COVID-19 en sus respectivos países. Todos los líderes nombrados en las publicaciones, excepto Moïse, murieron por causas naturales. Al menos uno apoyaba la vacunación.
Algunos empleadores han requerido que sus empleados se vacunen o se sometan regularmente a pruebas para detectar el COVID-19. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. ha dicho que las leyes no impiden que los empleadores tengan políticas de vacunación contra el COVID-19 obligatorias para los empleados que ingresen físicamente al lugar de trabajo, siempre y cuando los empleadores cumplan con las leyes federales que establecen que se deben hacer adaptaciones razonables para los trabajadores que no pueden ser vacunados por alguna discapacidad o por razones religiosas.
El presidente Joe Biden también firmó órdenes ejecutivas en septiembre de 2021 para exigir que los empleados federales y los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal estén vacunados.
Pero la Corte Suprema bloqueó una iniciativa mayor de la administración de Biden para exigir a todas las empresas con más de 100 empleados a exigir que sus trabajadores tengan la vacuna completa o se realicen pruebas al menos una vez a la semana.
En enero de 2022, la alta corte suspendió la regla de la administración mientras una corte de apelaciones consideraba su legalidad. En el fallo, la Corte Suprema rechazó el intento de la administración de usar la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) para emitir una regla de emergencia exigiendo la vacunación o las pruebas. “Aunque el Congreso le ha dado el poder indiscutido a OSHA para regular los peligros ocupacionales”, dice la argumentación de la corte, “no le ha dado a esa agencia el poder de regular la salud pública de manera más amplia”.
Sin embargo, la Corte Suprema permitió el requisito de la administración de que los trabajadores de la salud en instalaciones que reciben fondos de Medicare y Medicaid estén completamente vacunados, con excepciones por motivos médicos o religiosos.
En esa argumentación, emitida el mismo día que el fallo de OSHA, la corte acordó que el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía la autoridad de emitir el requerimiento. En su fallo, la corte dijo que “los centros de atención médica que quieren participar en Medicare y Medicaid siempre han estado obligados a satisfacer una serie de condiciones que apuntan a una prestación segura y eficaz de atención médica” y que los requisitos de vacunación para otras enfermedades son comunes para los trabajadores de salud a nivel nacional.
Los estados y ciertos lugares de trabajo también pueden requerir que las personas estén vacunadas.
Como ha explicado Joanne Rosen, experta en asuntos legales y salud pública de Johns Hopkins University, el precedente legal para que los estados hagan obligatorias las vacunas se remonta a un caso de la Corte Suprema en 1905 relacionado con la vacuna contra la viruela. La corte tomó el lado del estado, argumentando que el requisito de vacunación era una regulación razonable para proteger la salud pública.
Los empleadores también pueden exigir a sus trabajadores que se vacunen, pero solo si la vacunación está razonablemente relacionada con el trabajo que realizan, como es el caso de quienes trabajan en la industria de la salud. En una orientación emitida en diceimbre de 2020, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. dio a entender que todos los empleadores pueden tener una política de vacunación obligatoria, incluso para COVID-19, siempre que los empleadores cumplan con las leyes federales que estipulan que se deben hacer ajustes razonables para los trabajadores que no pueden recibir la vacuna debido a una discapacidad o una razón religiosa . Es probable que el asunto se revise en los tribunales, como hemos explicado, porque las vacunas contra el COVID-19 aún no tienen la licencia completa.
El gobierno federal no puede emitir un mandato de vacunación, nos dijo Rosen, pero podría otorgar incentivos financieros para que los estados lo hagan.
“La Corte Suprema ha interpretado la Décima Enmienda para evitar que el gobierno federal ordene o requiera que funcionarios estatales cumplan con directivas federales”, según un informe de 2019 del Congressional Research Service. “En el contexto de la vacunación, este principio evita que el Congreso le requiera a los estados o localidades aprobar leyes de vacunación obligatoria, pero no impide que el Congreso utilice la autoridad que le confiere la cláusula de gasto para otorgar incentivos (en forma de subvenciones federales) a los estados para que promulguen leyes sobre la vacunación”.
Ninguna vacuna o medicamento es 100% seguro, pero la seguridad de las vacunas está avalado por pruebas en rigurosos ensayos clínicos realizados antes de la autorización o aprobación, seguidos por un continuo seguimiento de seguridad una vez que las vacunas se comenzaron a administrar al público para detectar posibles efectos secundarios poco frecuentes. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) inspecciona los establecimientos donde se producen las vacunas y revisa los protocolos de producción para asegurarse que las dosis de las vacunas sean de alta calidad y estén libres de contaminantes.
Parte clave del plan de vigilancia de seguridad de las vacunas es el Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas, o VAERS, el cual es un sistema de alerta temprana manejado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la FDA. Tal como su sitio web explica, VAERS “no está diseñado para detectar si la vacuna causó un evento adverso, pero puede identificar patrones inusuales o inesperados de notificación que pueden indicar posibles problemas de seguridad que requieran de una segunda mirada”.
Cualquiera puede presentar una notificación a VAERS por cualquier problema de salud que ocurra luego de una vacunación. No hay ningún filtro ni descarte de notificaciones ni algún intento de determinar si la vacuna fue responsable del problema. La información es igualmente valiosa porque es una manera de recibir una alerta rápida por un potencial problema de seguridad de alguna vacuna, la cual puede luego tener un seguimiento por parte de científicos del gobierno.
Otro sistema de supervisión es el Vaccine Safety Datalink de los CDC, el cual usa información de salud electrónica de nueve organizaciones de salud en los Estados Unidos para identificar eventos adversos relacionados con las vacunaciones en tiempo real.
En el caso de las vacunas contra el COVID-19, ensayos controlados aleatorios incluyendo a decenas de miles de personas, los cuales fueron revisados por múltiples grupos de expertos, no detectaron ningún problema de seguridad y mostraron que los beneficios superan a los riesgos.
Los sistemas de supervisión de seguridad de los CDC y la FDA, los cuales fueron ampliados para las vacunas contra el COVID-19 y también incluyen una nueva herramienta digital para teléfonos inteligentes llamada v-safe, han, desde entonces, identificado solo unos pocos, e infrecuentes, efectos secundarios.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado el 7 de julio en su casa en Puerto Príncipe y la primera dama Martine Moïse fue gravemente herida durante el ataque.
Varias naciones están involucradas en la investigación, incluyendo a Estados Unidos que envió funcionarios del FBI, del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional a Haití el 12 de julio.
Luego de la muerte de Moïse, mensajes compartidos ampliamente en las redes sociales han difundido la infundada teoría conspirativa de que él fue uno de varios líderes que fueron asesinados, o que murieron en “circunstancias sospechosas”, en los últimos 13 meses por oponerse a la vacunación contra el COVID-19 en sus respectivos países.
“¿Qué tienen en común todos estos líderes mundiales? Todos se opusieron a la vacunación de los ciudadanos de sus países. ¿Qué más? Todos fueron asesinados recientemente o murieron en circunstancias muy sospechosas”, dice un mensaje en Instagram que lista los nombres de cinco líderes fallecidos.
Otro mensaje en Instagram muestra fotos de los cinco líderes y dice: “¿Asesinados? ¿Por oponerse a las vacunas contra el COVID-19?”.
Pero las acusaciones son falsas o infundadas en varios puntos.
Si bien la investigación está en curso, no ha surgido evidencia sugiriendo que Moïse fue asesinado por oponerse a la vacunación contra el COVID-19.
En medio de un alza de casos de COVID-19 en Haití, en mayo, Moïse impuso un toque de queda durante la noche y una orden de utilizar mascarillas. Pero Haití ha sido lento en iniciar el programa de vacunación y rechazó un cargamento inicial de vacunas de AstraZeneca, citando preocupaciones sobre los efectos secundarios.
El mensaje en Instagram tiene datos incorrectos respecto a las muertes de los otros líderes.
El presidente de Tanzania, John Magufuli, murió el 17 de marzo de una afección al corazón, fibrilación auricular crónica, de acuerdo al ex vicepresidente del país del este africano, Samia Suluhu Hassan. Hassan dijo en televisión nacional que Magufuli “sufrió de esta afección al corazón durante los últimos 10 años”, y el Guardian reportó que usaba un marcapasos.
Es cierto que Magufuli era un escéptico respecto al COVID-19. Y le sugería a la gente que “rezara e inhalara vapor de infusiones de hierbas” para luchar contra el COVID-19, en vez de ponerse la vacuna.
Antes de la muerte de Magufuli, y desde mayo de 2020, Tanzania no había publicado ninguna estadística respecto del COVID-19, a pesar de solicitudes de la Organización Mundial de la Salud. Tres meses después de la muerte de Magufuli, Tanzania comenzó a trabajar con el programa de cooperación de vacunación global COVAX.
El presidente de Burundi Pierre Nkurunziza murió el 8 de junio de 2020. Había sido ingresado al hospital dos días antes. Su estado mejoró, pero sufrió de un paro cardiaco y los esfuerzos por revivirlo no fueron exitosos, de acuerdo a funcionarios del gobierno.
Nkurunziza enfrentó críticas por no tomar medidas serias para proteger a los ciudadanos del COVID-19. El ex jugador de fútbol no había impuesto restricciones en el país por la pandemia y permitió que se llevaran a cabo grandes eventos deportivos y demostraciones políticas.
Aunque Magufuli y Nkurunziza se opusieron a las vacunaciones en sus respectivos países, aparentemente murieron por afecciones al corazón, no asesinato, como los mensajes sugieren sin evidencia en las redes.
Hamed Bakayoko se convirtió en primer ministro de Costa de Marfil, también conocido como Côte d’Ivoire, en julio de 2020. Bakayoko murió de cáncer en un hospital en Alemania el 10 de marzo.
Bakayoko nunca negó la existencia del COVID-19, habiendo contraído el virus él mismo en meses recientes. Buscó vacunas para su país, y el 26 de febrero, Costa de Marfil recibió 504.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 por parte de COVAX, convirtiéndose en una de las primeras naciones en recibir vacunas a través del programa.
Ambrose Dlamini, el primer ministro del Reino de Esuatini, antes conocido como Suazilandia, murió el 13 de diciembre de 2020, cuatro semanas después de dar positivo en una prueba para el COVID-19. No encontramos evidencia de que Dlamini apoyara o se opusiera a las vacunas.
En una declaración publicada el 8 de julio de 2020, en la página web del gobierno, Dlamini dijo que su país había declarado emergencia nacional en respuesta a la pandemia y que luego había pasado regulaciones para luchar contra el COVID-19.
Un confinamiento parcial fue declarado en Esuatini para restringir el movimiento de personas y asegurar el máximo cumplimiento con los protocolos de salud basados en las recomendaciones de la OMS y la Organización Internacional del Trabajo.
A poco tiempo de que Dlamini muriera por causa del virus, autoridades en Esuatini anunciaron planes para vacunar a toda la población contra el COVID-19 usando programas como COVAX.
Traducido por Catalina Jaramillo.
Nota del editor: El Proyecto de Vacunación/COVID-19 de SciCheck es posible gracias a una beca de la Robert Wood Johnson Foundation. La fundación no tiene control alguno sobre nuestras decisiones editoriales, y los puntos de vista expresados en nuestros artículos no reflejan necesariamente el punto de vista de la fundación. El objetivo del proyecto es aumentar el acceso a información precisa sobre el COVID-19 y las vacunas, y reducir el impacto de información errónea.
De acuerdo a informes noticiosos, un grupo de mercenarios de Colombia y al menos dos haitiano-estadounidenses han sido detenidos en conexión con el ataque. 
“¿Qué tienen en común todos estos líderes mundiales? Todos se opusieron a la vacunación de los ciudadanos de sus países. ¿Qué más? Todos fueron asesinados recientemente o murieron en circunstancias muy sospechosas”, dice un mensaje en Instagram que lista los nombres de cinco líderes fallecidos.