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Compendio SciCheck
Los empleados federales, incluidos los de la Casa Blanca, deben comprobar estar vacunados contra el COVID-19 o someterse a pruebas periódicas y medidas de mitigación. Pero el comentarista conservador Charlie Kirk sostiene que “al personal de la Casa Blanca no se le exige vacunarse”, cuestionando sin ninguna base si hay asuntos que no han sido revelados en juego.
Algunos empleadores han requerido que sus empleados se vacunen o se sometan regularmente a pruebas para detectar el COVID-19. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. ha dicho que las leyes no impiden que los empleadores tengan políticas de vacunación contra el COVID-19 obligatorias para los empleados que ingresen físicamente al lugar de trabajo, siempre y cuando los empleadores cumplan con las leyes federales que establecen que se deben hacer adaptaciones razonables para los trabajadores que no pueden ser vacunados por alguna discapacidad o por razones religiosas.
El presidente Joe Biden también firmó órdenes ejecutivas en septiembre de 2021 para exigir que los empleados federales y los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal estén vacunados.
Pero la Corte Suprema bloqueó una iniciativa mayor de la administración de Biden para exigir a todas las empresas con más de 100 empleados a exigir que sus trabajadores tengan la vacuna completa o se realicen pruebas al menos una vez a la semana.
En enero de 2022, la alta corte suspendió la regla de la administración mientras una corte de apelaciones consideraba su legalidad. En el fallo, la Corte Suprema rechazó el intento de la administración de usar la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) para emitir una regla de emergencia exigiendo la vacunación o las pruebas. “Aunque el Congreso le ha dado el poder indiscutido a OSHA para regular los peligros ocupacionales”, dice la argumentación de la corte, “no le ha dado a esa agencia el poder de regular la salud pública de manera más amplia”.
Sin embargo, la Corte Suprema permitió el requisito de la administración de que los trabajadores de la salud en instalaciones que reciben fondos de Medicare y Medicaid estén completamente vacunados, con excepciones por motivos médicos o religiosos.
En esa argumentación, emitida el mismo día que el fallo de OSHA, la corte acordó que el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos tenía la autoridad de emitir el requerimiento. En su fallo, la corte dijo que “los centros de atención médica que quieren participar en Medicare y Medicaid siempre han estado obligados a satisfacer una serie de condiciones que apuntan a una prestación segura y eficaz de atención médica” y que los requisitos de vacunación para otras enfermedades son comunes para los trabajadores de salud a nivel nacional.
Los estados y ciertos lugares de trabajo también pueden requerir que las personas estén vacunadas.
Como ha explicado Joanne Rosen, experta en asuntos legales y salud pública de Johns Hopkins University, el precedente legal para que los estados hagan obligatorias las vacunas se remonta a un caso de la Corte Suprema en 1905 relacionado con la vacuna contra la viruela. La corte tomó el lado del estado, argumentando que el requisito de vacunación era una regulación razonable para proteger la salud pública.
Los empleadores también pueden exigir a sus trabajadores que se vacunen, pero solo si la vacunación está razonablemente relacionada con el trabajo que realizan, como es el caso de quienes trabajan en la industria de la salud. En una orientación emitida en diceimbre de 2020, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. dio a entender que todos los empleadores pueden tener una política de vacunación obligatoria, incluso para COVID-19, siempre que los empleadores cumplan con las leyes federales que estipulan que se deben hacer ajustes razonables para los trabajadores que no pueden recibir la vacuna debido a una discapacidad o una razón religiosa . Es probable que el asunto se revise en los tribunales, como hemos explicado, porque las vacunas contra el COVID-19 aún no tienen la licencia completa.
El gobierno federal no puede emitir un mandato de vacunación, nos dijo Rosen, pero podría otorgar incentivos financieros para que los estados lo hagan.
“La Corte Suprema ha interpretado la Décima Enmienda para evitar que el gobierno federal ordene o requiera que funcionarios estatales cumplan con directivas federales”, según un informe de 2019 del Congressional Research Service. “En el contexto de la vacunación, este principio evita que el Congreso le requiera a los estados o localidades aprobar leyes de vacunación obligatoria, pero no impide que el Congreso utilice la autoridad que le confiere la cláusula de gasto para otorgar incentivos (en forma de subvenciones federales) a los estados para que promulguen leyes sobre la vacunación”.
Más de 500 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 han sido administradas en Estados Unidos y solo han aparecido unos pocos, e infrecuentes, problemas de seguridad. La gran mayoría de personas tiene efectos secundarios menores y temporales, tales como dolor en el lugar del pinchazo, cansancio, dolor de cabeza o dolor muscular, o ninguno de ellos. Como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han dicho, estas vacunas “se han sometido y continuarán siendo sometidas al monitoreo de seguridad más intensivo de la historia de EE. UU.”
Un pequeño número de reacciones alérgicas graves conocidas como anafilaxia, la cual puede suceder con cualquier vacuna, hanocurrido con las vacunas contra el COVID-19 autorizadas y aprobadas. Afortunadamente, estas reacciones son escasas, comúnmente ocurren a minutos de la inoculación y pueden ser tratadas. Aproximadamente 5 por millón de personas vacunadas sufren de anafilaxia tras recibir una vacuna contra el COVID-19, segúnlos CDC.
Para asegurarse de que las reacciones alérgicas graves puedan identificarse y tratarse, todas las personas que reciben una vacuna deben permanecer en observación por 15 minutos después de recibir la inyección. Y las personas que hayan experimentado anafilaxia o hayan tenido algún tipo de reacción alérgica inmediata a cualquier vacuna o inyección en el pasado. deben ser monitoreadas durante media hora. Las personas que hayan tenido una reacción alérgica grave a una dosis anterior o a uno de los ingredientesde lavacuna no deben vacunarse. Además, aquellos que no deberían recibir un tipo de vacuna contra el COVID-19 deben ser monitoreados durante 30 minutos después de recibir un tipo diferente de vacuna.
La evidencia indica que las vacunas de ARNm de Pfizer/BioNTech y de Moderna pueden infrecuentemente causar una inflamación al músculo cardíaco (miocarditis) o de la capa exterior que recubre el corazón (pericarditis), especialmente en hombres adolescentes o adultos jóvenes.
De acuerdo a datos recogidos hasta agosto de 2021, las tasas de notificación de cualquiera de las afecciones en EE. UU. son más altas en hombres de 16 a 17 años después de la segunda dosis (105,9 casos por millón de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech), seguidos por varones de 12 a 15 años de edad (70,7 casos por millón). La tasa para hombres de entre 18 y 24 años fue de 52,4 casos y 56,3 casos por millón de dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna, respectivamente.
Funcionarios de la salud han enfatizado que la miocarditis y pericarditis en conexión con las vacunas ocurren con muy poca frecuencia y que los beneficios de la vacunación aún superan los riesgos. Evidencia temprana sugiere que estos casos de miocarditis son menos graves que los comúnmente vistos. Los CDC también dijeron que la mayoría de los pacientes que recibieron atención “respondieron bien al tratamiento con medicamentos y al reposo y mejoraron rápidamente”.
La vacuna de Johnson & Johnson ha sido relacionada con un mayor riesgo a una condición infrecuente de coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas, principalmente en mujeres de entre 30 y 49 años de edad. Síntomas tempranos de la condición, conocida como síndrome de trombosis-trombocitopenia (TTS, por sus siglas en inglés) pueden aparecer incluso a tres semanas de la vacunación e incluyengraves o persistentes dolores de cabeza o visión borrosa, hinchazón de piernas, y “moretones que se producen fácilmente o pequeños puntos de acumulación de sangre debajo de la piel que se extienden desde la zona de la inyección”.
Según los CDC, el TTS ha ocurrido en alrededor de 4 personas por cada millón de dosis administradas. Hasta principios de abril, se habían confirmado 60 casos del síndrome, incluyendo nueve muertes, luego de más de 18,6 millones de dosis administradas de la vacuna de Johnson & Johnson. Aunque el TTS sigue siendo raro, debido a la disponibilidad de vacunas de ARNm que no muestran vínculo con este serio efecto secundario, el 5 de mayo la FDA limitó el uso autorizado de la vacuna de J&J a adultos que o no pudieron recibir ninguna de las otras vacunas contra el COVID-19 autorizadas o aprobadas por razones médicas o de acceso, o solo quisieron la vacuna de J&J para protegerse de la enfermedad. Varios meses antes, el 16 de diciembre de 2021, los CDC habían comenzado a recomendar las vacunas de Pfizer/BioNTech y de Moderna, por sobre las de J&J.
La vacuna de J&J también se ha relacionado con un mayor riesgo de síndrome de Guillain-Barré, un trastorno raro en el que el sistema inmunitario ataca a las células nerviosas. La mayoría de las personas que desarrollan el síndrome se recuperan por completo, aunque algunas el daño es permanente en los nervios y la afección puede ser fatal.
Los datos de vigilancia de seguridad sugieren que en comparación con las vacunas de ARNm, que no se han relacionado con el síndrome, la vacuna de J&J está asociada con 15,5 casos adicionales de GBS, como se conoce al síndrome por sus siglas en inglés, por millón de dosis de la vacuna en las tres semanas posteriores a la vacunación. La mayoría de los casos notificados después de la vacunación con J&J han ocurrido en hombres mayores de 50 años de edad.
Actualización, 10 de septiembre:El 9 de septiembre,Biden anunció un mandato federal de vacunación contra el COVID-19 que abarca a los empleados del Poder Ejecutivo, incluyendo los de la Casa Blanca, y a todas las agencias federales y miembros de las Fuerzas Armadas. El mandato no incluye a quienes trabajan en el Congreso ni en el sistema de cortes federales.
El 29 de julio, el presidente Joe Biden anunció que se les exigirá a los empleados federales y contratistas que trabajan en instalaciones federales demostrar su estado de vacunación e indicó que a quienes no demuestren estar plenamente vacunados contra el COVID-19 se les pedirá cumplir con otras medidas de mitigación, incluyendo pruebas de detección periódicas, uso de mascarillas, distanciamiento físico y restricciones a los viajes.
Pero en un video muy difundido en Facebook eInstagram, un comentarista conservador que critica los mandatos de vacunación simplemente sostiene que a los empleados de la Casa Blanca “no se les exige vacunarse”.
“Debería ser la noticia número uno en el país”, señala Charlie Kirk en su video del 20 de agosto, el cual ha sido visto más de dos millones de veces. “¿Sabía usted que en la Casa Blanca no están exigiendo la vacuna? ¿Sabía usted que al personal de la Casa Blanca no se le exige vacunarse?”
Más tarde pregunta si hay algunos asuntos de seguridad que no han sido revelados detrás de la supuesta decisión de no requerir vacunas: “¿Saben algo sobre la vacuna? ¿Por qué no la exigen? ¿Están viendo estadísticas que son cuestionables? ¿Debemos preocuparnos porque ellos saben algo que nosotros no sabemos?”
Kirk muestra un video en el que un reportero pregunta a la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki si existe un mandato de vacunación para el personal de la Casa Blanca y Psaki responde, “No, no lo hemos ordenado”.
Si bien no existe un mandato detallado de vacunación para los empleados de la Casa Blanca, la conversación tuvo lugar el 23 de julio, seis días antes de que la Casa Blanca anunciara el requisito llamado “vacuna o prueba” para todos los empleados federales. Un funcionario de la Casa Blanca nos confirmó que la directriz incluye a todo el personal de la Casa Blanca.
Kirk no respondió a nuestra solicitud de un comentario.
El proceso para implementar la directriz federal está en curso entre las agencias. El Departamento de Justicia, por ejemplo, difundió un memorando el 13 de agosto según el cual una planilla electrónica para que los empleados indiquen su estado de vacunación “estaría disponible pronto” y dijo que estaba diseñando un programa para facilitar las pruebas de detección.
Le preguntamos a la Casa Blanca detalles sobre la implementación de la directriz para su personal y qué porcentaje de sus empleados han comprobado estar vacunados hasta el momento, pero no recibimos respuesta.
El 23 de agosto, luego que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobara plenamente la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer/BioNTech para personas mayores de 16 años, Biden exhortó a los líderes empresariales y a otros sectores a adoptar una política similar.
“Si usted es un dirigente empresarial, un dirigente de una organización sin fines de lucro, un dirigente estatal o local que ha estado esperando la aprobación plena de la FDA para exigir vacunas, le pido que lo haga ahora, exíjalas”, dijo Biden. “Haga lo que yo hice el mes pasado y exija a sus empleados que se vacunen o enfrenten requisitos estrictos”.
El mismo día un reportero preguntó a Psaki si a los empleados federales se les impondría un mandato más estricto.
“Creo que habrá que mirar agencia por agencia o a diferentes dependencias del gobierno en este momento, pero prevea que habrá más en ese frente”, dijo Psaki.
En cuanto al mecanismo para notificar el estado de vacunación, la Safer Federal Workforce Task Force (Comisión para un Personal Federal más Seguro) ordenó a las agencias “pedir a los empleados que completen el Certificado de Vacunación” para “brindar información sobre su estado de vacunación y autentificar la veracidad de esa información. Los individuos que no completen la planilla serán considerados no vacunados en los protocolos de seguridad de la agencia”.
Los empleados que suministren información falsa en la planilla corren el riesgo de ser despedidos y también estarían cometiendo un delito federal, según la comisión.
La comisión también ordena a las agencias “establecer un programa de pruebas de detección para SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, para examinar a empleados federales y empleados contratistas que trabajan en sus instalaciones y que no están plenamente vacunados o que han rehusado entregar información sobre su vacunación. La participación en este programa de pruebas de detección es obligatoria para esos individuos y deben ser examinados al menos una vez a la semana”.
Los empleados que rehúsen someterse a las pruebas podrán enfrentar “medidas disciplinarias”, agrega, y puede negársele acceso al “lugar de trabajo en la agencia por la seguridad de otros y a la espera de una decisión sobre alguna acción disciplinaria o de otro tipo que la agencia pueda adoptar”.
Traducido por Luis Alonso Lugo.
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