Traducido por El Tiempo Latino.
En un acto de campaña en Atlanta y otros lugares, el expresidente Donald Trump ha intentado pintar a la vicepresidenta Kamala Harris, exfiscal general de California y fiscal de distrito de San Francisco, como una persona blanda frente al crimen. Varias de las afirmaciones de Trump van más allá de los hechos o distorsionan las posturas de Harris.
- Trump dijo falsamente que Harris apoyaba “una amnistía masiva y la ciudadanía” para “todos los ilegales… incluso los criminales”. La campaña de Trump señaló propuestas anteriores que Harris apoyó, pero ninguna habría hecho lo que Trump dijo.
- Trump afirmó erróneamente que no había “ningún delito” si alguien robaba bienes por un valor inferior a 1.000 dólares, y se equivocó de nuevo al decir que Harris “inició” esa política. En California, es un delito grave si alguien roba en una tienda bienes por un valor superior a 950 dólares, pero es un delito menor por valores inferiores a esa cifra.
- Al hablar de los delitos cometidos por inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos, Trump afirmó falsamente que Harris, cuando era fiscal del distrito de San Francisco, “no arrestaba a asesinos. No arrestaba a nadie”.
- Trump afirmó que Harris “apoya la confiscación obligatoria de armas”, que dejaría a los estadounidenses “indefensos en su casa”. Harris no ha pedido la confiscación de todas las armas, y su campaña dijo que ya no apoya el programa obligatorio de recompra de “armas de asalto” que pidió durante su última campaña presidencial.
- Trump afirmó que Harris “instó a sus seguidores a donar para sacar de la cárcel a violadores y asesinos” y dijo que “las turbas violentas no deberían detenerse”. En junio de 2020, Harris pidió donaciones para un fondo de fianzas para ayudar a las personas que protestaron contra la brutalidad policial, no para violadores y asesinos. También dijo que “las protestas”, no los disturbios, “no van a detenerse” y “no deberían” detenerse.
- Trump dijo que Harris “apoya la abolición de la fianza en efectivo, lo que significa que criminales sedientos de sangre que acaban de matar a alguien pueden salir inmediatamente de la cárcel, salir y matar a otra persona”. Pero poner fin a la fianza en efectivo no significa que los asesinos acusados serán liberados automáticamente de la cárcel antes del juicio.
- Trump distorsionó los hechos al afirmar que Harris, como fiscal general de California, “definió y redefinió el tráfico sexual infantil, la agresión con un arma letal y la violación de una persona inconsciente… como delitos no violentos”. En un referéndum celebrado en 2016 se utilizó el término “delitos no violentos” sin definirlos, mientras que el código penal del estado solo especifica 23 delitos como “delitos violentos”.
- Según el FBI y otros datos sobre delincuencia, los delitos violentos y los asesinatos en todo el país han disminuido durante la administración Biden/Harris. Pero Trump ha recurrido a un conjunto de datos diferente para afirmar que “ha habido un aumento del 43% en los delitos violentos desde que dejé el cargo”.
Reforma migratoria integral
El 3 de agosto, en Atlanta, Trump afirmó erróneamente que Harris apoya la “amnistía masiva y la ciudadanía” para “todos los ilegales… incluso los criminales”.
Trump, 3 de agosto: Y lo más importante, piensen en esto, es que ella quiere permitir la amnistía masiva y la ciudadanía, quiere que todos los ilegales tengan una amnistía masiva. Todos, incluso los criminales.
La campaña de Trump nos remitió a propuestas anteriores que Harris apoyó, pero ninguna de ellas habría otorgado “amnistía masiva y ciudadanía” a “todos los ilegales”, incluidos los criminales.
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En concreto, la campaña de Trump citó el apoyo de Harris en 2015, como fiscal general de California, al programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) del entonces presidente Barack Obama. DACA aplaza los procedimientos de deportación durante dos años, sujetos a renovación, para las personas calificadas, conocidas como “dreamers” o “soñadores”, que fueron traídas a Estados Unidos ilegalmente como niños y antes de 2007.
Pero estos llamados soñadores son una pequeña parte de la población de inmigrantes que están en EE. UU. ilegalmente y están sujetos a requisitos de elegibilidad, incluyendo verificaciones de antecedentes penales que podrían resultar en la deportación. Al 31 de marzo, había más de 528.000 beneficiarios activos de DACA, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Como senadora, Harris copatrocinó un proyecto de ley bipartidista presentado por el senador republicano Lindsey Graham y el senador demócrata Dick Durbin, la Ley DREAM de 2017, que habría hecho que aproximadamente 2,14 millones de personas fueran elegibles para un estatus legal condicional y 1,73 millones para el estatus de residente permanente legal, según el Instituto de Política Migratoria. El proyecto de ley habría exigido una revisión de antecedentes penales, entre otras estipulaciones. Tal como lo hizo como candidata presidencial en 2019, Harris ha seguido apoyando “una legislación que cree un camino hacia la ciudadanía” para los soñadores como vicepresidenta.
La campaña de Trump también citó el apoyo de Harris a propuestas integrales de inmigración que proporcionarían un estatus legal permanente o un camino hacia la ciudadanía para más personas, además de los soñadores.
La cuenta oficial de la campaña en X publicó recientemente un video de hace ocho años en el que Harris dice que apoya una “reforma migratoria integral”. Pero apoyar una “reforma migratoria integral” no es lo mismo que querer una “amnistía masiva y la ciudadanía” para “todos los ilegales”, incluidos los delincuentes.
En el videoclip que circuló la campaña de Trump, se ve a Harris hablando la noche en que ganó su candidatura al Senado de Estados Unidos en California en 2016. “Tengo la intención de luchar por un estado que tenga la mayor cantidad de inmigrantes, documentados e indocumentados, de cualquier estado de este país, y hacer todo lo posible para brindarles justicia, dignidad y equidad bajo la ley y aprobar una reforma migratoria integral. Sacarlos de debajo de las sombras”, dijo.
Como senadora, Harris no presentó ni copatrocinó un proyecto de ley de inmigración integral, según Congress.gov, pero apoyó un proyecto de ley de inmigración integral como candidata a la nominación presidencial demócrata de 2020.
La campaña de Trump también citó el apoyo de Harris a la Ley de Ciudadanía Estadounidense, un proyecto de ley de inmigración integral que la administración Biden-Harris envió al Congreso en 2021.
El proyecto de ley, que fue presentado en el Senado y la Cámara de Representantes, pero no logró avanzar, habría proporcionado una vía hacia la ciudadanía para los 11 millones de “inmigrantes no autorizados” que el Departamento de Seguridad Nacional estima que viven en Estados Unidos. Pero ciertos criminales no serían elegibles, y no todos los inmigrantes elegibles obtendrían o siquiera buscarían la ciudadanía. Un estudio del Pew Research Center en 2013 concluyó que solo el 46% de los inmigrantes hispanos que eran elegibles para convertirse en ciudadanos realmente lo hicieron, por diversas razones, como el rechazo al requisito de inglés para el examen de ciudadanía.
El proyecto de ley decía que los inmigrantes tenían que satisfacer “los requisitos de elegibilidad establecidos en la sección 245G(b), incluyendo todas las verificaciones de antecedentes penales y de seguridad nacional y el pago de todas las tarifas aplicables”. La sección 245G(b) dice que los inmigrantes no son elegibles si tienen una condena por delito grave o tres o más delitos menores. Otra sección del proyecto de ley decía que el secretario de Seguridad Nacional deberá “determinar si existe algún factor penal, de seguridad nacional o de otro tipo que haría que el no ciudadano no sea elegible para el estatus bajo la sección 245B”.
En su anuncio del proyecto de ley, la Casa Blanca dijo: “El proyecto de ley permite a las personas indocumentadas solicitar un estatus legal temporal, con la capacidad de solicitar tarjetas verdes después de cinco años si pasan verificaciones de antecedentes penales y de seguridad nacional y pagan sus impuestos”.
Hurto en tiendas
Trump también afirmó erróneamente en su mitin en Atlanta que “no había delito” si alguien robaba bienes por un valor inferior a 1.000 dólares, y se equivocó nuevamente al decir que Harris “inició” esa política.
“Antes, si alguien robaba tu tienda, eras muy duro al respecto, ¿no?”, dijo Trump. “Ahora, Kamala inició esto: con cualquier cosa que esté por debajo de los 1.000 dólares, puedes hacer lo que quieras… No hay delito si es menos de 1.000 dólares. Ella fue quien lo inició”.
El 15 de agosto, en una conferencia de prensa en Nueva Jersey, repitió la afirmación: “Se permite robar una tienda siempre que no cueste más de 950 dólares… Pueden robar y no ser acusados. Fue ella quien lo hizo”.
Trump se refiere a una ley estatal de 2014, aprobada en un referéndum por los votantes de California, que redujo las sanciones por ciertos delitos no violentos contra la propiedad y relacionados con drogas, de delitos graves a delitos menores. En ese momento, una ley estatal de 2010 ya había aumentado el umbral en dólares para una infracción por hurto mayor, un delito grave, de 400 a 950 dólares. Eso significaba que los robos de montos menores eran típicamente delitos menores.
El referéndum de 2014, llamado Proposición 47, codificó que el hurto de bienes de 950 dólares o menos siempre sería un delito menor, con excepciones para los infractores que tuvieran condenas previas por ciertos delitos violentos o graves. La medida no decía que los robos por debajo de esa cantidad no serían procesados en absoluto. La Proposición 47 fue propuesta en un momento de hacinamiento en las prisiones de California, cuando el estado estaba bajo órdenes de un tribunal federal para reducir la población carcelaria debido a las violaciones de la cláusula de castigos crueles e inusuales de la Constitución.
“La Propuesta 47 creó una nueva categoría de robo, el ‘hurto en tiendas’ (para los robos en establecimientos minoristas), pero no cambió el umbral en dólares” para los robos graves, nos dijo en un correo electrónico Michael S. Romano, director del Proyecto Three Strikes de la Facultad de Derecho de Stanford y presidente del Comité de California para la Revisión del Código Penal.
Harris no fue responsable de la ley de 2010. Esa legislación fue promulgada por el gobernador republicano Arnold Schwarzenegger el 30 de septiembre de 2010. Harris fue fiscal general del estado desde enero de 2011 hasta enero de 2017. Y no pudimos encontrar ningún registro de que Harris tomara una posición sobre la Proposición 47, que el 60% de los votantes aprobó en las elecciones generales de noviembre de 2014.
Romano nos dijo que los fiscales generales no suelen tomar posiciones sobre los referendos electorales. “Kamala Harris no tuvo ningún papel en la Propuesta 47. En California, el fiscal general tiene la responsabilidad de redactar el resumen de todas las propuestas que aparecen en las papeletas de votación. Se trata de una función puramente ministerial”, dijo. “Dada esta responsabilidad, los fiscales generales de California rara vez, o nunca, intervienen en las medidas electorales. Harris ciertamente no tomó ninguna posición sobre la Propuesta 47”.
Incluso si lo hubiera hecho, la propuesta no decía que “no habría delito” si el monto del robo fuera “menos de 1.000 dólares”, como afirmó Trump.
Vale la pena señalar que el umbral para imputar el robo de propiedad como delito grave varía según el estado, pero muchos han fijado el umbral en 1.000 dólares o más, al menos para los infractores primerizos, según una lista de dichos umbrales, actualizada a julio, que nos proporcionó la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Hay varios estados conservadores en esa lista, entre ellos Arkansas, Nebraska y Texas.
La campaña de Trump nos reconoció que Harris no adoptó una posición pública sobre el referéndum y afirmó erróneamente que “su oficina engañó a los votantes al titular la Proposición 47 como la inocua ‘Ley de Barrios y Escuelas Seguras’”, señalando un artículo de Spectrum News en el que un miembro republicano de la asamblea estatal hizo esa afirmación. Los partidarios de la medida son los que la llamaron “Ley de Barrios y Escuelas Seguras”, como se muestra en la carta de diciembre de 2013 que los partidarios enviaron a la oficina del fiscal general, pidiendo que la fiscal general “preparara un título y un resumen circulantes” para que la iniciativa apareciera en la boleta.
El título oficial de la Propuesta 47, redactada por la oficina de Harris, era: “Sentencias penales. Sanciones por delitos menores. Estatuto de iniciativa”.
La oficina de Harris fue responsable del resumen de cien palabras de la propuesta que también apareció en la boleta. La campaña de Trump señaló un editorial del Sacramento Bee en 2015 que reprendió a Harris por no mencionar en el resumen que la Propuesta 47 podría llevar a una reducción en las muestras de ADN recolectadas en las escenas del crimen, porque más crímenes serían delitos menores. Los lectores pueden decidir por sí mismos si eso debería haber estado en el resumen.
Pero, de todos modos, no demuestra que Harris “inició” una política de “cero delitos” por robar en tiendas “cualquier cosa por debajo de los 1.000 dólares”, que fue la afirmación falsa que hizo Trump.
Los críticos de la Propuesta 47 han respaldado un nuevo referéndum, que se someterá a votación en noviembre, para aumentar el castigo por algunos de los delitos que se vieron afectados por la Propuesta 47. Robar en tiendas artículos por un valor de 950 dólares o menos seguiría siendo un delito menor para los infractores primerizos, según la nueva Propuesta 36, pero sería un delito grave “si la persona tiene dos o más condenas anteriores por ciertos delitos de robo (como hurto en tiendas, robo con allanamiento o robo de vehículos)”, según un resumen publicado por la Oficina del Analista Legislativo no partidista en California.
Harris como fiscal de distrito de San Francisco
Harris fue fiscal de distrito de San Francisco durante ocho años, desde enero de 2004 hasta enero de 2011. Durante un período de ese tiempo, la ciudad siguió una política de ciudad santuario que impedía a los funcionarios municipales entregar a los menores que vivían ilegalmente en EE. UU. al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, incluso si habían sido condenados por un delito grave.
Esa política cambió en 2008, con el apoyo de Harris, para permitir que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ciudad notificaran al ICE cuando se arrestaba a menores (y aún no se los condenaba) por un delito grave.
En Atlanta, Trump criticó a Harris por proteger de la deportación a “inmigrantes ilegales y traficantes de crack” y afirmó falsamente que Harris, cuando era fiscal del distrito de la ciudad, “no arrestaba a asesinos. No arrestaba a nadie”.
Cuando le pedimos a la campaña de Trump pruebas que respaldaran las declaraciones del expresidente, nos dieron enlaces a dos artículos de noticias de 2008. Ambos artículos contradicen la afirmación de Trump de que Harris “no arrestaría a asesinos” y “no arrestaría a nadie”.
Los artículos de prensa fueron publicados durante un debate en la ciudad sobre la ordenanza de ciudad santuario de San Francisco, que data de 1985. La ordenanza inicialmente cubría solo a los “inmigrantes que buscaban asilo de El Salvador y Guatemala”, pero se amplió en 1989 para incluir a todos los inmigrantes, según un artículo de 2011 en el UC Davis Journal of Juvenile Law & Policy sobre la política de la ciudad.
“En ese momento, los funcionarios de San Francisco interpretaron que la ordenanza y la ley juvenil estatal les impedían remitir a los inmigrantes indocumentados en el sistema de justicia juvenil a las autoridades federales para su deportación”, señala el artículo de la revista.
Se trata de una excepción para menores que se convirtió en un problema en 2008 y a la que Trump hizo referencia en su discurso de Atlanta.
La campaña de Trump nos envió un artículo del San Francisco Chronicle publicado el 1 de julio de 2008, sobre ocho menores de Honduras que fueron “condenados por tráfico de drogas”. Los menores no fueron deportados y escaparon de un hogar comunitario.
La campaña también nos remitió a un artículo del Chronicle del 31 de julio de 2008 sobre una protesta contra la política de ciudad santuario de San Francisco. Ese artículo mencionaba que Edwin Ramos, un inmigrante salvadoreño que vivía en EE. UU. ilegalmente, fue “acusado de tres cargos de asesinato” en un triple homicidio. “Ramos, ahora de 21 años, fue condenado por un asalto y un intento de robo cuando tenía 17 años, pero los funcionarios de la ciudad no lo entregaron a las autoridades federales de inmigración”, decía el artículo. Ramos fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a cadena perpetua.
Como demuestran esos artículos, Trump se equivocó. La oficina de Harris procesó y condenó a los ocho narcotraficantes hondureños y a Ramos.
Esos dos incidentes en 2008 llevaron al entonces alcalde Gavin Newsom a cambiar la política de ciudad santuario de San Francisco a pesar de la objeción de la Junta de Supervisores de la ciudad. Newsom ordenó a los funcionarios de la ciudad que denunciaran a ICE a los menores arrestados por delitos graves. En respuesta, los supervisores adoptaron una nueva ordenanza que permitía a la ciudad denunciar a los menores ante los funcionarios de inmigración solo después de que hubieran sido condenados, una ordenanza que Newsom vetó y luego ignoró después de que su veto fuera anulado por la junta.
Harris apoyó la posición política de Newsom, que se convirtió en un problema para ella cuando buscó sin éxito la nominación presidencial demócrata en 2020.
En cuanto a proteger a los menores indocumentados de la deportación, Harris dijo en 2008 que las “agencias de custodia” de la ciudad, específicamente la oficina del sheriff, eran responsables de hacer referencias a los funcionarios federales de inmigración, no a los fiscales.
En 2008, Newsom escribió un artículo de opinión para el Chronicle en el que indicaba que la oficina del sheriff era la responsable de hacer las derivaciones al ICE.
“Newsom reconoció que ‘el sistema falló’ en el caso de Edwin Ramos. Sin embargo, también enfatizó que ‘mensualmente, el sheriff envía al ICE entre 80 y 100 personas indocumentadas arrestadas por delitos graves’”, según el artículo de 2011 del UC Davis Journal of Juvenile Law & Policy.
Armas de fuego
Trump afirmó que Harris dejaría a los estadounidenses “indefensos en su casa” al prohibir las armas.
“Ella apoya la confiscación obligatoria de armas”, dijo Trump en Atlanta. “¿A alguien le importaría que entraran a su casa y se llevaran su arma o sus armas?… Ella está a favor de quitarles todas sus armas”.
El 9 de agosto, en Montana, Trump dijo cuatro veces a lo largo de su discurso que Harris quería “quitarles sus armas”, y una vez dijo que esto incluiría “todas sus armas”.
Eso es engañoso. Cuando se postuló a la presidencia en 2019, Harris dijo varias veces que apoyaría un programa obligatorio de recompra de las llamadas “armas de asalto”, pero no de todas las armas de fuego.
En una entrevista con NBC News en noviembre de 2019, por ejemplo, Harris dijo que “hay ciertos tipos de armas que no deberían estar en las calles de una sociedad civil”, refiriéndose a las armas de asalto, a las que llamó “armas de guerra”. Dijo que rechazaba la idea de que “o estás a favor de la Segunda Enmienda o quieres quitarle las armas a todo el mundo”.
A partir de 2024, Harris sigue apoyando la prohibición de la compra de armas de asalto. Sin embargo, su campaña nos dijo que ya no defiende que se exija a los estadounidenses que entreguen las armas de asalto que ya poseen.
Protestas
Trump distorsionó los hechos al afirmar que Harris recaudó dinero para rescatar a “violadores y asesinos” y que dijo que la gente “no debería detener” los disturbios en 2020.
“Y durante los disturbios de izquierda de 2020, como se vio, ella instó a sus seguidores a donar para sacar de la cárcel a violadores y asesinos, mientras decía que las turbas violentas no deberían detenerse”, dijo Trump en Atlanta. “Y ella dijo: ‘Turbas violentas, dejen que las turbas violentas sigan’”.
Eso no es lo que Harris hizo o dijo.
Como ya hemos escrito, días después de que un policía matara a George Floyd en Minneapolis en mayo de 2020, Harris y otras figuras conocidas pidieron al público que ayudara a los manifestantes que habían sido arrestados donando al Minnesota Freedom Fund, una organización sin fines de lucro que paga la fianza de las personas en prisión mientras sus casos judiciales están pendientes. Harris publicó en las redes sociales: “Si puedes, colabora ahora con @MNFreedomFund para ayudar a pagar la fianza de quienes protestan en el terreno en Minnesota”.
La organización dijo que utilizó parte del dinero recaudado para pagar la fianza y los gastos legales de las personas que fueron arrestadas mientras protestaban, pero también cubrió la fianza de algunas personas que fueron encarceladas por otras razones. Sin embargo, Harris solo pidió donaciones para ayudar a los manifestantes, no a “violadores y asesinos” o personas acusadas de cometer otros delitos.
Harris tampoco alentó a la gente a protestar tras el asesinato de Floyd. Trump probablemente se refería a los comentarios que hizo en una aparición el 18 de junio de 2020 en el programa de entrevistas de Stephen Colbert en la CBS. Durante parte de la entrevista, Harris, quien dijo que participó en las protestas en Washington, DC, después de la muerte de Floyd, habló sobre el papel que juegan las manifestaciones para lograr que el gobierno aborde las desigualdades sociales.
Después de que Harris respondiera a su pregunta sobre la importancia de mantener las protestas para generar cambios, Colbert dijo que había notado una falta de cobertura mediática de las manifestaciones que todavía estaban ocurriendo. Fue entonces cuando Harris dijo: “No se van a detener. Esto es un movimiento, te lo aseguro. No se van a detener. Y que todo el mundo tenga cuidado, porque no se van a detener. No se van a detener antes del día de las elecciones en noviembre, y no se van a detener después del día de las elecciones. Y todo el mundo debería tomar nota de eso en ambos niveles. No van a ceder, y no deberían hacerlo, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo”.
Pero Harris nunca mencionó a las “turbas violentas” ni alentó a los alborotadores a continuar con ese tipo de comportamiento. Ella y Colbert solo hablaron de las protestas, que fueron abrumadoramente pacíficas en los tres meses posteriores a la muerte de Floyd, según un análisis de septiembre de 2020 del proyecto US Crisis Monitor. Harris incluso se pronunció en contra de las protestas violentas en comentarios el 27 de agosto de 2020, después de que las manifestaciones posteriores al tiroteo policial contra Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, provocaran dos muertes.
Poner fin a la fianza en efectivo
Trump acusó a Harris de respaldar un plan que permite a los acusados de asesinato salir de la cárcel antes del juicio.
“Al igual que otros fiscales marxistas, Kamala apoya la abolición de la fianza en efectivo, lo que significa que los criminales sedientos de sangre que acaban de matar a alguien puedan salir inmediatamente de la cárcel, salir y matar a otra persona, lo que, por cierto, hacen a menudo”, dijo Trump en Atlanta. Repitió la afirmación en una entrevista del 13 de agosto en X con el propietario de la plataforma y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, diciendo que la “fianza sin efectivo” significa que “matas a alguien y te dejan salir de inmediato… Y luego nunca encuentran a la gente a menos que vuelvan a matar, y entonces los dejan salir de nuevo”.
En 2019, Harris publicó un plan “para transformar fundamentalmente nuestro sistema de justicia penal” que decía que se debía poner fin a la fianza en efectivo. La fianza, que suele ser fijada por un juez, es la cantidad de dinero que una persona acusada de un delito debe pagar para ser liberada de la prisión preventiva mientras el caso está pendiente.
Harris sostuvo que las fianzas excesivas en efectivo son injustas y discriminan a las “comunidades de bajos ingresos y comunidades de color” que tienen menos probabilidades de poder pagarlas. Pero poner fin a las fianzas en efectivo no significa necesariamente que las personas acusadas de asesinato sean liberadas, como dijo Trump.
“Como usted señala, depende de con qué se reemplace la fianza en efectivo”, nos dijo en un correo electrónico Kellen Funk, historiador legal y profesor de derecho en la Facultad de Derecho de Columbia. “Ningún comentarista o político serio ha propuesto eliminar la fianza en efectivo y reemplazarla únicamente por la liberación automática”.
Funk dijo que las propuestas a menudo “reemplazan la fianza en efectivo con discreción judicial”, que da a los jueces la opción de detener a los acusados hasta el juicio, liberarlos con “condiciones no financieras” como pruebas de drogas y un toque de queda, o liberarlos sin condiciones excepto el requisito de comparecer ante el tribunal.
En el caso de “homicidio grave”, dijo, “la ley puede recomendar la detención o establecer una presunción a favor de ella, y en la mayoría de los casos, en la práctica, los jueces se inclinan a ordenar la detención cuando los cargos involucran delitos violentos”.
Ames Grawert, asesor principal del Programa de Justicia del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, planteó una cuestión similar en una entrevista telefónica. Nos dijo que las políticas que eliminan la fianza en efectivo suelen estar dirigidas a delitos menores, no a asesinatos.
“No es cierto que la reforma de la fianza haga que sea automático que alguien sea liberado, especialmente si está acusado de un delito muy grave”, dijo Grawert.
La propuesta de Harris de 2019 mencionó la Ley de Integridad y Seguridad Previas al Juicio, que ella y el senador republicano Rand Paul presentaron en el Senado en 2017. El proyecto de ley autorizó subvenciones para que los estados reformen o reemplacen sus sistemas de fianza en efectivo con “evaluaciones previas al juicio individualizadas” que tengan en cuenta el “riesgo de fuga y el riesgo de conducta criminal anticipada que plantea un acusado mientras está en libertad previa al juicio”.
Aunque el proyecto de ley decía que habría una “presunción de liberación en la mayoría de los casos”, se podría implementar un “protocolo de detención preventiva” “para los casos en que un funcionario judicial determine, mediante evidencia clara y convincente y después de una audiencia durante la cual el acusado esté representado por un abogado, que la comparecencia del acusado ante el tribunal y la seguridad de la comunidad no pueden garantizarse razonablemente mediante el uso de cualquier combinación de condiciones [de liberación]”.
En otras palabras, un sospechoso podría ser detenido si un juez considera que ello está justificado.
Delitos no violentos
En Atlanta, Trump distorsionó los hechos al afirmar que Harris, como fiscal general de California, “definió y redefinió el tráfico sexual infantil, la agresión con un arma letal y la violación de una persona inconsciente, una persona inconsciente violada, como delitos no violentos. Se trataba de delitos no violentos”, y agregó que esto se hizo “para ayudar a sacar de prisión a depredadores infantiles y criminales peligrosos en todo el estado”.
Harris no definió esos delitos como “no violentos”. El código penal de California especifica 23 delitos como “delitos violentos” y dice que “merecen una consideración especial al imponer una sentencia para mostrar la condena de la sociedad por estos extraordinarios delitos de violencia contra la persona”. La lista incluye el abuso sexual de un niño, la violación y las “lesiones corporales graves”, como violaciones de leyes específicas. Eso significa que la lista no cubre todo lo que se consideraría violento, y cualquier delito no especificado es técnicamente “no violento”.
Como respaldo a la afirmación de Trump, la campaña señala otro referéndum electoral, la Proposición 57 de 2016, que también pretendía abordar el hacinamiento en las cárceles, entre otras cosas, permitiendo que las personas condenadas por “delitos graves no violentos” fueran consideradas para la libertad condicional anticipada. Como fiscal general, Harris fue responsable de escribir el resumen de la Proposición 57. Ese resumen decía: “Permite la consideración de la libertad condicional para las personas condenadas por delitos graves no violentos, una vez que hayan cumplido la pena de prisión por su delito principal, según se define”.
Un análisis de la medida realizado por el analista legislativo estatal dijo: “La medida requiere que el CDCR [Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California] adopte regulaciones para implementar estos cambios. Aunque la medida y la ley actual no especifican qué delitos graves se definen como no violentos, este análisis supone que un delito grave no violento incluiría cualquier delito grave que no esté específicamente definido en el estatuto como violento”.
La Propuesta 57 fue aprobada por el 64% de los votantes. El CDCR emitió posteriormente regulaciones, diciendo que los casos que involucraban a personas que se registraban como delincuentes sexuales no podían ser considerados por la junta de libertad condicional para la liberación anticipada bajo la Propuesta 57. Pero la Corte Suprema del estado anuló esas regulaciones en 2020, diciendo que violaban la Propuesta 57.
Eso no significa que los delincuentes sexuales tuvieran que ser liberados, eso dependía de la junta de libertad condicional. Pero tenían que ser considerados para la libertad anticipada. “Hacemos hincapié en que esta determinación no requiere la liberación bajo palabra de ningún recluso”, dice el fallo del tribunal. “La evaluación de la idoneidad de un recluso para la libertad condicional y los procesos involucrados en la realización de esa evaluación siguen siendo competencia exclusiva del Departamento y de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional… Sin embargo, el Departamento no está autorizado a excluir por completo de la consideración de la libertad condicional a una clase entera de reclusos cuando esos reclusos han sido condenados por delitos graves no violentos”.
De todos modos, Harris no “definió” ni “redefinió” los crímenes que Trump enumeró.
Datos sobre delincuencia a nivel nacional
Según el FBI y otros datos sobre delincuencia, los delitos violentos y los asesinatos en todo el país han disminuido durante el mandato del presidente Joe Biden, como hemos escrito. Pero Trump ha empezado a citar un conjunto de datos diferente: la Encuesta Nacional de Victimización Criminal.
“A nivel nacional, ha habido un aumento del 43% en los delitos violentos desde que dejé el cargo, incluido un aumento del 58% en las violaciones, un aumento del 89% en las agresiones agravadas y un aumento del 56% en los robos a mano armada”, dijo Trump en Atlanta, comparando datos de 2020 a 2022 en la Encuesta Nacional de Victimización Criminal del gobierno.
Por lo general, los expertos citan las tendencias delictivas basándose en los datos del Sistema Nacional de Informes Basados en Incidentes del FBI, que informa el Informe Uniforme sobre Delitos (UCR, por sus siglas en inglés) anual. Se trata de las estadísticas sobre delitos registradas por las agencias policiales locales y estatales de todo el país, y ponderadas para compensar a las agencias que no proporcionan datos.
En cambio, la Encuesta Nacional de Victimización Criminal (NCVS, por sus siglas en inglés) proporciona estimaciones de la delincuencia basadas en entrevistas con una muestra de personas de 12 años o más sobre delitos que sufrieron en los seis meses anteriores. Por lo tanto, captura muchos delitos que nunca se denuncian a la policía.
Los expertos que rastrean la delincuencia en Estados Unidos dicen que ambas son herramientas útiles, aunque defectuosas, para capturar los contornos de los delitos cometidos en Estados Unidos. Pero, como dijimos, los expertos suelen referirse a los datos del FBI cuando informan sobre las tendencias delictivas. Y, de hecho, en años anteriores, cuando criticó a Biden por el aumento de la delincuencia en 2021, Trump citó regularmente esos datos del FBI. Ahora que los datos del FBI muestran que los delitos violentos están disminuyendo, Trump ha comenzado a llamar a esas estadísticas “números falsos”, sin embargo, no lo son.
“Los datos de victimización y el UCR del FBI miden cosas diferentes”, nos dijo por correo electrónico Richard Berk, profesor emérito de criminología y estadística en la Universidad de Pensilvania. “Los datos de victimización provienen de encuestas en las que los encuestados informan si han sido “victimizados” por “delitos” sobre los que se les preguntó de formas muy simples. Es difícil determinar si esas victimizaciones fueron realmente delitos. Y muchos de esos ‘delitos’ no se denuncian a la policía. Además, la disposición a denunciar un delito a la policía puede cambiar rápidamente con el tiempo dependiendo de esas cosas y de la cobertura de los medios de comunicación. El UCR se basa en los delitos denunciados a la policía y depende de la cooperación voluntaria de los departamentos de todo el condado. El cumplimiento ha sido un problema durante mucho tiempo porque algunos departamentos no cooperan. Sin embargo, últimamente el cumplimiento ha mejorado sustancialmente”.
Si bien los dos conjuntos de datos suelen seguir las mismas líneas de tendencia, dijeron los expertos, algunos años no lo hacen. Y 2022 fue uno de esos años. El FBI informó que la tasa de delitos violentos, incluido el asesinato, disminuyó en 2022, pero la NCVS para 2022, el último año disponible, mostró que la tasa de victimización por delitos violentos graves, que incluye violación y agresión sexual, robo y agresión agravada, aumentó de 5,6 el año anterior a 9,8 delitos violentos por cada 1000 habitantes de 12 años o más.
En un informe de octubre, los criminólogos del Consejo de Justicia Penal escribieron que la divergencia entre el Informe Uniforme sobre Delitos del FBI y la Encuesta Nacional de Victimización Criminal o NCVS “hace incierto si los delitos violentos realmente aumentaron o disminuyeron en 2022”.
No obstante, el analista de delitos Jeff Asher, cofundador de la firma de Nueva Orleans AH Datalytics, advirtió que sería “mejor evitar usar NCVS para hacer exposiciones declarativas sobre las tendencias delictivas”, como lo hizo Trump.
Para empezar, Asher nos dijo por correo electrónico: “Estamos en 2024 y la encuesta NCVS más reciente cubre 2022. Los datos sobre delitos denunciados hacen un trabajo mucho mejor que la NCVS para destacar las tendencias actuales”.
Según el informe preliminar sobre delincuencia de 2023 del FBI, los delitos violentos disminuyeron un 5,7% entre 2022 y 2023, y el número de asesinatos disminuyó un 13,2%. El informe oficial de 2023 se publicará este otoño.
Asher también advirtió que la NCVS es una encuesta “y 2020 y 2021 fueron años particularmente difíciles de encuestar. El aumento de los delitos violentos en la NCVS se basa en que los delitos violentos alcanzaron mínimos históricos en 2020 y 2021, y soy escéptico de que ese haya sido el caso”.
Asher también señala que la NCVS no incluye los asesinatos (es una encuesta basada en entrevistas con personas, que por definición excluye a quienes han sido asesinados) “y el asesinato es el delito con el mayor costo social. También es el delito que sufre menos por la falta de denuncia, por lo que tenemos una buena comprensión de la tendencia de los asesinatos, que es una disminución histórica en 2023 y 2024”.
“La principal debilidad del UCR es que sólo puede incluir delitos denunciados a la policía”, coincidió Berk. “Por lo tanto, ambas estadísticas tienen defectos, pero esos defectos son diferentes. La mejor manera de superar estos problemas de medición es centrarse en los delitos que NO están subdenunciados y que son bastante fáciles de definir. El homicidio es un buen ejemplo porque hay un cadáver. Un mal ejemplo es la agresión sexual porque está muy subdenunciada y puede ser difícil de definir fácilmente a partir de las respuestas de la encuesta, excepto en casos extremos”.
Los datos de la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades, junto con las estadísticas de la ciudad de Nueva York, muestran que el número de asesinatos ha disminuido un 9,1% entre 2020 y 2023 en 70 grandes ciudades de Estados Unidos. Los datos recopilados por Asher muestran una disminución del 17,6% en los asesinatos en lo que va de año, en comparación con el mismo punto en 2023, en más de 250 ciudades.
Y como se trata de una encuesta, dijo Asher, “la NCVS tiene márgenes de error que añaden mucha incertidumbre. El aumento de los delitos violentos medidos en la NCVS puede variar desde un aumento entre los adolescentes hasta un aumento del 60% al 70%”.
Por último, Asher dijo: “La NCVS mide el año de la encuesta en lugar del año del delito, lo que hace que sea muy difícil detectar tendencias delictivas que cambian repentinamente a través de la NCVS. La encuesta pregunta si las personas han sido víctimas de un delito en los seis meses anteriores, por lo que incluye delitos de julio de 2021 a noviembre de 2022”.
“En conjunto, estos factores hacen que sea particularmente difícil describir la forma exacta de las tendencias delictivas con gran confianza”, dijo Asher sobre el uso exclusivo de la NCVS.
Berk recomendó que la gente se centre en las tasas de delincuencia locales, en lugar de las nacionales.
“El crimen es un problema local”, dijo Berk. “La cantidad y los tipos de delitos difieren enormemente en las distintas regiones del país, las distintas áreas urbanas y los distintos barrios dentro de esas áreas urbanas. Lo mismo ocurre con la cooperación ciudadana, los recursos y las prácticas policiales. Para entender el crimen y los riesgos, los ciudadanos tienen que analizar los datos de sus barrios… Todo lo que se dice sobre el crimen a nivel nacional es un disparate estadístico que no es más que un juego político. Y es un juego político sobre el que la política a nivel nacional puede tener poco o ningún efecto real. Las políticas y prácticas locales pueden tener importancia”.
Nota del editor: Este artículo ha sido publicado gracias a nuestra alianza con El Tiempo Latino, medio de comunicación establecido en Washington, D.C., que brinda información nacional y local en español.
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